domingo, 9 de octubre de 2011

tráfico y política (s)

de luis astorga, seguridad, traficantes y militares, el poder y su sombra

desde hace algunos años ha surgido la preocupación de que los traficantes colaboren en el financiamiento de precampañas o campañas políticas. no es imposible. pedirían a cambio protección para seguir operando e impunidad, sin duda. ¿impedir las extradiciones? las resoluciones más recientes de la suprema corte de justicia de la nación para facilitar las extradiciones de traficantes a estados unidos serían ejemplos en contra de ese supuesto. hasta antes del gobierno de calderón, el único líder importante de una organización mexicana de traficantes extraditado había sido juan garcía ábrego. eso fue antes de esas resoluciones y la decisión fue más política que estrictamente jurídica. el caso no se había repetido con personajes de ese nivel jerárquico. el presidente calderón modificó la situación al aprobar la extradición del sucesor de garcía ábrego, osiel cárdenas; del güero palma y otros.

en el congreso, nadie ha propuesto algún proyecto que pudiera ser interpretado como la postura y las demandas de los traficantes en lo que se refiere a las extradiciones. por lo menos hasta hoy, los traficantes mexicanos no parecen estar muy inquietos ante la posibilidad de la extradición –en todo caso, no tanto como sus homólogos colombianos en la época de pablo escobar.

aunque se han producido casos preocupantes de asesinatos de jueces, abogados, periodistas y atentados con granadas en oficinas de policía y de periódicos, no se ha tratado de intentos explícitos y publicitados por impedir las extradiciones. además, hasta han tenido éxito algunos litigios, logrando que las decisiones de los jueces les sean favorables. las autoridades de la pgr se han inconformado y han criticado incluso a los jueces y a los abogados de los traficantes. de algunos de estos últimos han dicho que son los correos a través de los cuales los traficantes siguen dando órdenes desde la prisión a los miembros de su organización. pero no hay ley que les impida contratar abogados para su defensa. sería ingenuo pensar que en lugar de contratar buenos abogados penalistas se contentaran con los abogados de oficio. en la crítica de los funcionarios de la pgr se desliza el interés por reducir las opciones legales de los traficantes. tal vez piensan que es mejor que no tengan otra salida que el uso de la fuerza de las armas.

el dinero otorgado por el estado a los partidos para sus campañas alcanza ya sumas estratosféricas y el empleo del mismo parece cuestionable. para quienes lo reciben nunca será suficiente. en el sistema de partido de estado el sistema de los traficantes para campañas políticas no fue motivo de alarma; es más, ni siquiera fue un tema digno de atención. ¿por qué preocuparse si se podían utilizar los recursos públicos como patrimonio del partido en el poder? ¿algún traficante podría haber estado interesado en financiar la campaña de un candidato único o de un candidato simbólico de la competencia, cuando había? la supeditación al poder político hegemónico pasaba por la extorsión, por la "ordeña" de individuos o grupos de individuos con actividades legales o ilegales. ¿el partido de estado se iba a autoinvestigar para determinar el origen dudoso de algunos dineros que él mismo habría exigido? por supuesto que no. la preocupación surgió cuando empezó a haber competencia política real, posibilidades de elección de uno y otro entre varios candidatos.

se piensa en las experiencias de italia y colombia, con modalidades relacionadas con las historias particulares y los sistemas políticos de esos países. se presupone también que los traficantes mexicanos tendrían un interés nacional, evidente, en el financiamiento de campañas políticas; y que los partidos podrían dejar la puerta abierta o tener controles laxos para la entrada de dinero caliente, independientemente de la moral y la ideología. en ese caso, no sería raro que candidatos y partidos, cuestionados al respecto, optaran por la estrategia samper –y de una larga lista de políticos en el mundo– : negar estar enterados y sacrificar a subalternos. y con esas credenciales de ética política se dedicaran después a asustar ingenuos e ignorantes en otros países y a proponer asesorías...  ¡para impedir situaciones similares a las vividas y cínicamente aceptadas por ellos! por supuesto, a los traficantes nadie les preguntaría sus versiones. los funcionarios de la pgr las descalificarían sin más, excepto en los casos de testigos protegidos, por provenir de "criminales interesados en destruir las instituciones democráticas". y si los traficantes quisieran dar un golpe no letal pero con repercusiones políticas, entregarían casetes y videos a los medios de comunicación. tampoco sería improbable que la dea se encargara de hacerlo gracias al espionaje que practica, con o sin permiso del país anfitrión, si así conviniera a los intereses del gobierno estadounidense.

en colombia hubo un escándalo mayúsculo cuando la dea filtró a los medios los casetes que mostraban el ingreso de dinero de los traficantes de cali a la campaña política del candidato a la presidencia, ernesto samper. en méxico no ha habido un caso parecido, sólo las afirmaciones del académico estadounidense peter lupsha, a quien la dea le habría contado que en la campaña presidencial de ernesto zedillo también hubo dinero del mismo grupo colombiano. en este caso no hubo casetes. al parecer la información provino del ex contador de los caleños, el chileno guillermo pallomari, testigo protegido de los estadounidenses. si hubo pruebas, no fueron dadas a conocer a la opinión pública. después, han sido recurrentes los rumores y versiones acerca de este tipo de financiamiento en algunos estados del país con fuerte presencia de traficantes. pero los datos duros, las pruebas, nunca aparecen, o quienes las tienen prefieren callar por interés presonal, de grupo o partido, o por temor a las represalias. hay campo libre para los rumores, los ataques, las descalificaciones, las sospechas, la imaginación, los mitos, la literatura.

este tipo de financiamiento no es improbable, pero dada la reconfiguración del poder político en méxico y la menor concentración de poder en partidos y funcionarios, parecería ser más útil, menos costosa, más rentable como estrategia de los traficantes, la de invertir en instituciones operativas, como las policiacas y militares, y no en el terreno político. escenario previsible de una pluralidad política sin concensos básicos y de instituciones poco sólidas.

en el esquema anterior a las elecciones del año 2000, de concentración de poder, vertical, autoritario, los traficantes no podían escoger: se les imponían las reglas del juego desde el poder político. había imposición de un tributo y ninguna garantía para la protección, la duración de la misma, o las modificaciones del juego y sus reglas. lo saben los recluidos en prisiones de alta seguridad en la época de la hegemonía priista. el poder de los traficantes es inversamente proporcional al del poder político y a la fortaleza o debilidad de las instituciones en un estado determinado.

¿facilidades para invertir en la economía legal? de facto, los traficantes ya tienen inversiones en la economía legal, más visibles en ciertos sectores y regiones del país que en otros. los gobernadores saben –o deberían saber– cuales son estos sectores y quienes son los inversionistas. los empresarios legales en zonas de producción y tráfico también lo saben. ¿es creíble que el gobierno federal lo desconozca? algunos empresarios han comenzado a protestar porque no pueden competir con negocios cuya función es lavar ingresos ilícitos y no necesariamente la rentabilidad legítima. pero los que no protestan son mayoría: políticos, banqueros, asesores financieros, policías, notarios, abogados, arquitectos, contadores, vendedores de autos de lujo, aseguradores, joyeros, restauranteros, músicos, etcétera. el grado de protesta está en función de dos factores: el dinero y el nivel de vida, más que en los de la ley. no todos corren los mismos riesgos; y lo saben. no les asusta relacionarse con traficantes por asuntos que tienen que ver con su competencia profesional, aunque esos personajes estén en la lista de los clasificados como "criminales más buscados".

¿dejar hacer, dejar pasar, de los gobiernos? la estrategia más documentada es el soborno a miembros de las corporaciones policiacas en distintas partes del país, lugares de asentamiento de traficantes, de producción, tránsito y consumo creciente. el objetivo es la compra de protección y –si se puede–, y el poder político lo permite o es incapaz de impedirlo– el control de la corporación para emplearla contra la competencia y como fuerza mercenaria. de ahí que un gran número de policías y jefes policiacos hayan sido ejecutados por no cumplir acuerdos, por tratar de jugar en varios bandos simultaneamente o por traición. aunque también se han dado muchos casos de policías abatidos en el cumplimiento de su deber. ¿cuántos por una u otra causa? no se sabe. no hay investigaciones serias conocidas al respecto. parecería que la percepción más extendida en estos casos no tiene que ver con la aplicación de la ley.

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