domingo, 2 de octubre de 2011

tráfico de drogas y seguridad nacional

de luis astorga, seguridad, traficantes y militares, el poder y su sombra:

en 1991, el director de la dea, robert c. bonner, afirmó en referencia a la concepción del tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional en la administración de carlos salinas (1988-1994), que era la primera vez que el gobierno mexicano adoptaba una posición semejante. en realidad, fue el presidente anterior, miguel de la madrid (1982-1988), quien retomó inmediatamente la tesis en ese sentido instituida por ronald reagan en 1986 (national security decision directive 221). a pesar de ese reconocimiento discursivo, sus implicaciones lógicas no se llevaron hasta sus últimas consecuencias en esa administración. tampoco en la siguiente. salinas explicó así sus razones:

"mi gobierno se opuso a que el ejército mexicano efectuara investigaciones y combatiera a las bandas de narcotraficantes. era innecesario otorgarle responsabilidades que en un país de leyes competen a las policías especializadas. además, no podía soslayarse el riesgo de que los traficantes intentaran corromper a miembros del ejército, institución fundamental para la salvaguarda de cualquier país. por eso el combate al tráfico de drogas se le asignó específicamente a la policía federal judicial".

para él, la complicidad de "algunos miembros" de la policía judicial (PJF) con los traficantes generó inseguridad y "convirtió al tráfico de estupefacientes en un peligro para la vida democrática del país". señaló que en su administración fueron capturados traficantes importantes como miguel ángel félix gallardo, francisco rafael arellano félix, joaquín guzmán loera, alias el chapo, y humberto garcía ábrego, entre otros.

agregó que también se había iniciado "la depuración de la nomenklatura" [sic] en la pjf. mencionó especialmente al comandante guillermo gonzález calderoni, quien había huido a estados unidos y contra el cual había ordenes de aprehensión y extradición. citó al titular de la procuraduría general de la república (pgr) en un momento de su administración, jorge carpizo, quien afirmó que gonzález calderoni había recibido protección de agentes de la dea para evitar ser extraditado. para salinas, esos vínculos entre agentes mexicanos coludidos con traficantes y agentes estadounidenses a los cuales les "prestaban servicios" a cambio de inmunidad por actos ilícitos cometidos en méxico, significaban obstáculos "en contra del próposito de castigar a los violadores de derechos humanos en méxico y en contra de la tarea de combatir a los verdaderos protectores de los capos de la droga".

[...]

la corrupción en la pgr, particularmente en la pjf, la atribuyó a unos cuantos comandantes poderosos, como si éstos no hubieran adquirido su fortaleza gracias a sus nexos privilegiados con gente del campo político más fuerte que ellos –aunque habría que deducirlo con base en la definición de la nomenklatura. como si hubiesen gozado de una autonomía absoluta en un régimen autoritario con predominio del poder ejecutivo sobre los demás. como si hubiesen desarrollado una capacidad especial para mandarse solos en este contexto.

[...] salinas no consideró necesario exponer a los militares a las mismas vías de corrupción favorecidas y aprovechadas desde una posición de poder por comandantes de la pjf. olvidó decir que el propio calderoni fue uno de los principales operadores de su gobierno para la captura de varios jefes importantes del tráfico de drogas. ¿acató ordenes presidenciales o actuó por su cuenta? ¿operó con el mismo grado de "autonomía" que de la madrid le atribuyó a zorrilla? además, calderoni señaló que había hecho espionaje político contra el pan en nuevo león a petición de raúl salinas, el llamado hermano "incómodo" del presidente, quien fue encarcelado y sentenciado a 27 años de cárcel por el asesinato de su ex cuñado cuando éste era dirigente del pri. años después saldría libre.

su temor a la corrupción de los militares y su idea de méxico como un país de leyes donde las policías podían hacer el trabajo requerido en asuntos de tráfico de drogas indican que salinas pensaba que el gobierno que él dirigía era capaz de controlar el fenómeno sin necesidad de emplear medidas extremas, o que el fenómeno no era tan grave en términos de gobernabilidad como podría haberlo haberlo hecho pensar la "retórica de la seguridad nacional" y las notas de los medios nacionales y extranjeros acerca del tráfico y los traficantes de drogas, a pesar de ciertos comandantes miembros de la "nomenklatura mexicana".

los traficantes tenían ciertamente poder, "pero la fuerza del estado era muy superior", parecía decir. las instituciones civiles existentes, a pesar de sus fallas y limitaciones, y la coadyuvancia de las fuerzas armadas en la destrucción de cultivos ilícitos, eran suficientes.

en el sexenio de ernesto zedillo (1994-2000), las mismas razones de "seguridad nacional" lo llevaron a optar por una intervención creciente de las fuerzas armadas en aquellas tareas que salinas y de la madrid no les habían confiado.

después del primer gobierno de alternancia, electo el 2 de julio de 2000, el presidente vicente fox, inducido por el gobierno de estados unidos inclinó la balanza hacia las fuerzas armadas, por lo que éstas tuvieron facultades para intervenir en todos los aspectos de la lucha antidrogas. por primera vez en la historia de méxico un general fue nombrado titular de la pgr. la administración de fox invocó también razones de "seguridad nacional".

todos esos gobiernos han considerado que el tráfico de drogas es una de las amenazas a la seguridad nacional. lo que ha variado es la percepción de cada uno de ellos acerca de su capacidad para ejercer cierto tipo de control, de contención del fenómeno, mediante la utilización de las instituciones de seguridad y procuración de justicia que les ha tocado administrar. esas percepciones y las evaluaciones que han hecho de dichas instituciones, además de la posición de estados unidos al respecto, han derivado en decisiones que han permitido una participación progresiva de las fuerzas armadas en asuntos de drogas. cada uno de esos gobiernos ha reaccionado en términos de lo que ha percibido como urgencias sexenales en función de lo que ha heredado. ninguno se inclinó por una visión de estado, por un plan urgente y transexenal de creación de instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles, en el que el empleo de las fuerzas armadas en dichas actividades fuera la excepción, el último recurso y no algo que parece haberse convertido en la regla sin plazo conocido para dar marcha atrás.

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