lunes, 26 de septiembre de 2011

antecedentes sobre el tráfico de drogas

de luis astorga, seguridad, traficantes y militares, el poder y su sombra:

antes de los años ochenta, a nadie se le había ocurrido pensar que el tráfico de drogas ilegales fuera un asunto que amenazara la seguridad nacional de algún país. a lo largo del siglo xx, después de las conferencias de shanghai, en 1909, de la haya en 1912, la prohibición del opio en 1914 en estados unidos y otras conferencias internacionales posteriores, nunca se había colocado el tema de las drogas en esa dimensión ni en ese orden de prioridad en términos políticos. en el pensamiento tradicional, las amenazas a un determinado estado provenían de enemigos externos. dunn señala que, a raíz de la doctrina contrainsurgente desarrollada en los setenta durante la administración kennedy, se introdujo el enemigo interno en la lista de las amenazas a la seguridad nacional. se abrió así la puerta para agregar posteriormente nuevos elementos a dicha doctrina, entre los cuales figuraba el tráfico de drogas.

desde el inicio de las prohibiciones de ciertos fármacos, estados unidos ha considerado que el enemigo está en los países productores. de ahí el impulso prioritario a las políticas de destrucción de cultivos en los países exportadores. cuando el presidente reagan firmó en 1986 el documento llamado national securitu decision directive 221, donde se consignaba por primera vez que el tráfico de drogas es una amenaza para la seguridad nacional de estados unidos, autorizó la participación del departamento de la defensa en un número importante de actividades antidroga. había entonces una preocupación interna por la cantidad de estadounidenses consumidores de fármacos ilícitos; pero también, y sobre todo, un interés por intervenir con mayor fuerza y decisión en el diseño de la política sobre drogas en otros países y en sus mecanismos de funcionamiento. las amenazas eran, pues, internas, por el consumo, y externas, por la producción destinada de manera prioritaria al mercado de estados unidos. inmediatamente después, el gobierno mexicano "descubre" que la tesis de reagan también es válida para su caso y por decisión de miguel de la madrid hurtado, la integra en su esquema de seguridad nacional. lo que destaca es el acto de autoridad fundador que establece los nuevos contenidos y significados que modifican el esquema tradicional, las nuevas reglas del juego, los agentes sociales destinados a hacerlas cumplir y las estrategias derivadas de semejante concepción del asunto. en cuestiones de razón de estado no importa qué tan verdadero es lo que se dice, sino quién lo dice y la fuerza que posee para legitimarlo.

la operación condor en méxico (1975-1978) fue el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidrogas dirigida por militares. luego seguiría colombia, con la operación fulminante, centrada en la destrucción de cultivos de marihuana en la guajira, durante la administración del presidente julio césar turbay ayala (1978-1982), quien declaró que la economía de la droga significaba "una amenaza para la seguridad nacional". en 1989, el presidente bush anunció la iniciativa andina para destruir el suministro de cocaína en los países productores (perú, bolivia y colombia). se trató de un plan que empleó un poco más de dos mil millones de dólares en cinco años, una parte para ayuda económica y casi la mitad para apoyo militar y policiaco. posteriormente, a partir del año 2000, vendría el plan colombia. versiones suavizadas y adaptadas para méxico empezaron a cobrar forma en la segunda parte de la administración zedillo, así como en la de fox, con el plan méxico seguro, hasta derivar en medidas más duras y desesperadas, que no necesariamente más eficaces, como los operativos conjuntos en varias partes del país en la administración del presidente calderón.

en todas esas estrategias las fuerzas armadas, las locales y las de estados unidos han cumplido y cumplen un papel central. no hay razón para pensar que la estrategia estadounidense adoptada por países productores de plantas ilegales vaya a cambiar en el corto plazo, ni que éstos estén dispuestos a ignorarla o a actuar por su cuenta y con una lógica distinta; o más improbable, que esos países constituyan un frente común y hagan algo cualitativamente diferente y de manera soberana.

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